Primeras impresiones ante el posible acuerdo del trílogo europeo sobre la directiva de trabajo de plataformas. La lucha continúa

Desde nuestro nacimiento en 2017, en Riders x Derechos hemos luchado abiertamente en contra del fraude laboral a través del uso de falsos autónomos, o la cesión ilegal, característico de la llamada economía de plataforma. Hemos combatido contra el modelo de la uberización abanderado por el discurso de “sé tu propio jefe” y contra los lobbies multimillonarios que buscan cambiar las leyes de cada país para adaptarlas a su despropósito, como quedó demostrado con el escándalo de los “papeles de Uber”.

El 1 de junio de 2020, representantes de RxD de todo el Estado mantuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la que transmitimos nuestras demandas a la ministra Yolanda Díaz. Entre estas demandas, hicimos especial hincapié en que no se trataba solo de los riders, ya que no somos más que la punta del iceberg, el conejillo de indias de un modelo que se ha ido expandiendo a cada vez más y más tipos de trabajo. Especialmente, ha ido conquistando los empleos más precarios: personas encargadas de limpieza, arreglos de casa, conductores particulares, repartidores de mercancía, y un largo etcétera. Pero no solo los trabajos más precarios, rápidamente también hemos visto aparecer plataformas para trabajos profesionales, como profesores y psicólogos. También llamamos la atención sobre la creación de un observatorio algorítmico con capacidad de fiscalización, para controlar los abusos de la gestión algorítmica en la presión por la productividad por medio de mecanismos de castigo y recompensa, entre otros asuntos.

A esta reunión le siguió la mesa de negociaciones con sindicatos mayoritarios y patronal, que dio lugar a la futura ley rider. Durante esta negociación nos manifestamos duramente sobre el asunto de que fuera una ley “rider”: si se trataba de modificar la ley, en cualquier caso, debería de ir más allá de los riders en cuanto a la presunción de laboralidad, incluyendo el resto de trabajos. Finalmente, fue una ley rider, centrada en solo un colectivo, con lo cual redactamos el manifiesto “Un paso insuficiente, poco que celebrar”. Aun así, celebramos en su momento la obligación de las empresas a dar cuenta de los parámetros que controlan el trabajo, conocida como la “apertura del algoritmo” que, a día de hoy, años después, y hasta donde conocemos, no se ha llegado a realizar satisfactoriamente.

La semana pasada recibimos con sorpresa e incredulidad, como si fuera el día de los inocentes, la noticia del nuevo acuerdo del trílogo sobre la directiva de trabajo de plataforma que establece la presunción de laboralidad de los trabajadores de plataforma, sin distinción de qué labor realizan, y que la carga de la prueba recae en las empresas.. En resumen,  son las empresas las que tienen que demostrar que los trabajadores son autónomos, según las leyes de cada país. Todo lo contrario de lo que ha pasado hasta ahora, que cada trabajador ha tenido que denunciar individualmente, o bajo macrojuicios, resultado de inspecciones de trabajo. En este sentido, la directiva de plataformas aprende de las carencias de la ley rider y no se limita a un solo colectivo.

La directiva de plataformas parece dar cuenta también de la transparencia algorítmica: obligan a las plataformas a informar cómo funcionan los algoritmos y “cómo el comportamiento de los trabajadores afecta las decisiones tomadas por sistemas automatizados”, en la línea de la modificación del artículo 64 dentro de la ley rider. Pero va más allá en el campo de la protección de datos, “prohibiendo a las plataformas procesar cierto tipo de datos personales como creencias e intercambio con colegas”. Este paso adicional seguramente fue dado en respuesta al escándalo destapado por Reversing Works, en el que se demostró que Glovo espía a sus trabajadores, incluso cuando no están usando la app, y que venden los datos a terceros sin su consentimiento.

Por último, en el campo de la información, este acuerdo obliga a las empresas a informar con cuántas personas trabajan. Por increíble que parezca, al menos en España, siempre nos hemos movido por estimaciones de cuántos trabajadores hay, sin saber directamente de la compañía un dato tan básico.

Sin embargo, debemos estar atentos, pues esta propuesta acarrea ciertos problemas:

• Recae en la legislación de cada país, lo que abre las puertas a los lobbies multimillonarios a influenciar y propiciar cambios legislativos en su favor, como ya lo han conseguido en Francia. La lucha continúa.
• Las empresas más grandes como Uber, Uber Eats, Deliveroo o Delivery Hero destinan grandes cantidades de recursos a aguantar procesos judiciales, cayendo en una vergonzosa impunidad, como Glovo y Uber Eats en España que, a pesar de la ley rider, siguen haciendo de las suyas. El actual acuerdo no parece establecer castigo alguno para este tipo de prácticas, cuando, visto lo visto, los sistemas judiciales de cada país no parecen ser suficientes, como en el caso de España.
• Last but not least. Muchas de estas compañías, especialmente las de reparto, han crecido exponencialmente gracias al abuso de mano de obra de personas desesperadas en situación irregular. Consideramos que es obligación de los legisladores forzar a las empresas a iniciar recorridos de regularización para estas personas que han llegado a perder su vida para entregar un pedido, como el caso de Pujan en Barcelona en 2019 y Néstor, en Madrid en 2021, entre muchos otros al rededor del mundo.

Así pues, aplaudimos la tan anhelada presunción de laboralidad y lo referente a la gestión algorítmica, pero con recelo de los próximos pasos de las empresas sobre la legislación en cada país, y manteniéndonos críticos con la falta de regulación sobre la impunidad de las empresas y el olvido de los eslabones más precarios de la cadena, personas sin papeles que subarriendan cuentas.

Por último, estas reacciones preliminares vienen dadas por la poca información que ha entregado el Parlamento en su nota de prensa. Faltará conocer el texto final y entender qué se entenderá en esta regulación sobre qué son plataformas digitales, si se trata solo de plataformas de servicios (¿entrará youtube o los clickworkers?).

LA LUCHA CONTINÚA